La Comissió Ciutat-Port asegura que la última sentencia obliga a paralizar la ampliación del Puerto

VALÈNCIA (EFE). La Comissió Ciutat-Port asegura que la última sentencia sobre la ampliación del Puerto de València emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "obliga a paralizar" la licitación de las obras y tendrá consecuencias sobre otros dos procesos judiciales en marcha.

El TSJ de Madrid ha estimado parcialmente, en una sentencia del 12 de abril, un recurso de la asociación ciudadana Per l'Horta -miembro de la Comissió-, en lo relativo a anular la sustitución de Puertos del Estado por la Autoridad Portuaria de Valencia como órgano sustantivo en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación.

Actualmente el proyecto de ampliación, que consiste en construir una nueva terminal, sigue su curso y la APV ha admitido las cuatro ofertas presentadas al concurso de adjudicación para la ejecución de las obras del muelle de contenedores.

El recurso anula la resolución de 30 de marzo de 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el que se declaraba la subsanación de resoluciones de evaluación de impacto ambiental de proyectos portuarios que permitía la sustitución de Puertos del Estado por la Autoridad Portuaria de Valencia, y que dejaba en manos de ésta la responsabilidad de decidir acerca de la necesidad de tramitar o no una nueva DIA.

La Comissió Ciutat-Port considera que la sentencia confirma sus advertencias de que, tanto el Ministerio de Transportes como Puertos del Estado "habían querido eludir sus responsabilidades en una macroactuación con un gran impacto ambiental, aun a costa de convertir a la Autoridad Portuaria, promotora de las obras, en juez y parte para poder decidir sobre la evaluación ambiental de su propia obra".

Según afirman portavoces de la Comissió, a la resolución ministerial  pretendía "cambiar las reglas del juego a mitad del partido, con la intención de eludir trámites y controles imprescindibles para así acelerar una ampliación muy cuestionada por la ciudadanía valenciana".

La decisión judicial implica que la tramitación realizada hasta ahora para la aprobación del proyecto constructivo de la ampliación está "viciada" por cuanto se presentó a aprobación "careciendo de documentación imprescindible" para su tramitación y sin el pronunciamiento expreso de Puertos del Estado acerca de su tramitación ambiental, añaden las fuentes.

Ahora "es el momento" de que Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, se pronuncie sobre la necesidad o no de una DIA, y lo justifique con un acto administrativo fundamentado en derecho detrás que lo certifique, según la Comissió.

La entidad está dispuesta a pedir medidas cautelares para que la sentencia continúe vigente en el caso de que se recurra la sentencia del TSJ de Madrid, y advierte de que, si continúan adelante, podría ser que la justicia volviera a dar la razón a la Comissió y afrontaran "indemnizaciones multimillonarias" a las empresas adjudicatarias de la ampliación.

La Comissió Ciutat-Port convoca una manifestación

La entidad, de la que forman parte Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Juventut x el clima y València Saludable, ha convocado una manifestación el viernes 31 de mayo que saldrá a las 18:30 horas del Puente de las Flores hacia la plaza del Ayuntamiento.

"Será de nuevo una demostración de fuerza multitudinaria contra este proyecto, reforzada por la primera victoria judicial", según afirma la Comissió, que hace un llamamiento a otros colectivos y personas a título individual sensibles con la lucha contra la ampliación del Puerto y otras reivindicaciones.

Asimismo, ha lanzado una campaña de micromecenazgo (goteo.cc/paremport) para recaudar dinero que les permita continuar la defensa de su reivindicación en los tribunales y financiar actos como manifestaciones, charlas, exposiciones o desplazamientos a Madrid y Bruselas.

Con el lema 'Frenemos la ampliación del Puerto', la campaña requiere de una recaudación mínima de 10.725 euros y consideraría óptimo recoger 16.588 euros, y los ciudadanos pueden realizar aportaciones de la cantidad que deseen.